Protocolo oficial y el derecho de la empresa.

En estos días me encuentro formando y llevando a cabo labores consultoras con los responsables de actos institucionales de diferentes departamentos de uno de los más importantes bancos del mundo. Como siempre, uno de los mayores problemas que surgen a la hora de establecer precedencias es cómo hacer frente a las «sugerencias» -sino presiones- que, desde los responsables de protocolo oficiales, surgen para colocar a sus respectivos señoritos – ya sabéis que uso este apelativo de forma cariñosa- en el mejor de los puestos.

Aunque creo que es obligación de todo responsable de institución oficial cuidar de la imagen de su «protegido», no es menos cierto que los supuestos derechos de un cargo político a ocupar un puesto destacado jamás pueden conculcar los de una empresa organizadora de una acto.

No recuerdo si he escrito al respecto pero, en cualquier caso, imagino que no vendrá mal recordar algunos detalles que considero importantísimos referidos a la presencia de cargos públicos en actos empresariales.

La relación empresa-organismos oficiales está cimentada, creo yo, en la idea de que  ambas dos se necesitan para aumentar su presencia en los MCS. Es una especie de simbiosis.

Por un lado, las instituciones oficiales no pueden “vender” sus logros por las limitaciones legales impuestas en la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación que en su art. 4.1 a) determina categóricamente: “No se podrán promover o contratar campañas institucionales de comunicación o publicidad”. Por lo tanto, una de las fórmulas de difundir logros políticos sin conculcar la Ley es aumentando presencia en los actos que «otros» – la empresa- organizan y pagan.

Por otro, la finalidad empresarial es –además de promover y reforzar el prestigio de la marca o la empresa- obtener un retorno de la inversión efectuada en la organización de actos empresariales, a través de la ocupación de espacios en los medios de comunicación (TV, radio, prensa escrita e internet)  que solo se consigue con la presencia de autoridades que arrastran a la prensa.

Ambas dos, de acuerdo con los anterior, se necesitan y apoyan para la consecución de un objetivo común : aumentar el numero de medios presentes en el acto.

El problema surge cuando desde las instituciones se pretende obligar a ceder presidencia dos, tres y tantas veces como sea necesario. Se exigen también detalles de ejecución que pretenden beneficiar claramente a los invitados, con menoscabo -cuando no menosprecio- del anfitrión y se hace pasar por el ojo de una aguja a quien paga y tiene todo el derecho de crear el marco en el que se desarrolle su acto empresarial.

Reza la norma oficial española que el ámbito de aplicación del R.D. 2099/83 queda restringido a los actos oficiales, límite que queda establecido en el art. 1.1 cuando determina “El presente Ordenamiento general establece el régimen de precedencias de los cargos y entes públicos en los actos oficiales”. Desde este punto de vista ningún responsable de organismo oficial, puede exigir la aplicación del R.D. a una empresa. A partir de este artículo ya no deberíamos seguir intentando justificar que se reclamen puestos destacados en actos oficiales en razón del cargo que se ocupa.

Pero continuemos con las Presidencias de los actos. Existe un principio internacionalmente admitido que se resume así: «Preside el que organiza». Este axioma está recogido, también, en el R.D. 2099/83. Así pues, parece que incluso aplicando la norma oficial, la  empresa que paga el acto se reserva el derecho de designar a la persona que preside. No ha lugar  a que presida el cargo oficial que más precedencia tenga.

Relacionado con lo anterior y habiendo quedado claro el derecho de la empresa frente a las pretensiones de los jefes de protocolo de instituciones oficiales, llega el momento de ceder la presidencia a quien a la empresa convenga. Pues bien, incluso volviendo a la inaplicable norma oficial en actos no oficiales, la presidencia se cede una vez y «en caso de que dicha autoridad no ostentase la presidencia, ocupará lugar inmediato a la misma». Creo que no es necesario explicar que el lugar inmediato al que preside no es solo el espacio que está al lado del que preside sino que ese «lugar inmediato» será la derecha o la izquierda del que preside dependiendo del número de personas que le acompañen. No es lo mismo la izquierda que la derecha del que preside. El «lugar inmediato» al uno -el que preside- es el dos -el que cede la presidencia- y no el tres o el cuatro o el cinco, o el……

Observa el gráfico:

Ceder la presidencia

Conclusión: La empresa tiene todo el derecho a presidir, ceder la presidencia, invitar, dar honores, establecer jerarquías y distribuir a sus invitados tal y como a su derecho convenga, simplemente porque es la que paga Y NO ESTÁ SOMETIDA AL REAL DECRETO. 

No obstante lo anterior, si de beneficio se trata, todo es negociable……..

¿Tu qué piensas?

© Juan de Dios Orozco López

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2 comentarios

  1. Desde luego, como Vd. dice, esa es la cuestión «todo es negociable». Por eso, en el ámbito del protocolo empresarial, en cuestión de cesión de presidencia, entiendo que el organizador, como «dueño» del acto, es el que deba decidir si cede o no, lo puestos que cede, etc… Es decir, el empresario negociará para obtener el beneficio de su «inversión», y si bien los profesionales encargados del protocolo institucional intentarán que los cargos políticos ocupen los puesto preferentes, los profesionales de las empresas deberán velar por los intereses del empresario y mantener el puesto del anfitrión que él mismo decida, convirtiéndose a su vez en negociadores y consiguiendo que se cumpla el objetivo por el cual se organizó ese acto, lo que será la muestra de un trabajo bien hecho.

  2. No podría explicarlo mejor. La negociación es parte del trabajo de un responsable de protocolo.
    Gracias María y saludos.

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